La
gente que en España quiere liquidar el Estado del bienestar vive a
cuenta del Estado, tal vez porque España es un país de
individualistas retribuidos por el Estado. Este es el carácter
nacional. Lo mismo da que residas en la cuenca baja del Segura, en
las tierras cántabras, en las laderas del sistema penibético o en
las islas adyacentes porque lo que realmente define el carácter de
un español es su capacidad para vivir a cuenta del Estado. Cierto
que también tenemos otras características que nos distinguen del
resto de los habitantes de este planeta – la manía de hablar a
gritos, por ejemplo, - pero honradamente creo que aquello que mejor
nos define es esta legendaria y sempiterna aspiración nacional por
lograr que alguien de la familia se haga un hueco, como sea, dentro
de la administración pública. Todo lo demás siempre nos ha
parecido que son chorradas, o lo que es lo mismo intentos vanos de
procurarse una vida, porque solo dentro de la red administrativa del
Estado se garantiza la supervivencia de los individuos – o sea, de
los funcionarios - mediante los sueldos, las dietas, los extras, las
subvenciones, las gratificaciones, las bonificaciones, las pensiones,
los retiros, las excedencias, los gastos de representación,
etcétera, etcétera...
La burocracia
en España ha aumentado considerablemente durante las últimas
décadas, pero no se puede decir que haya mejorado en ningún
sentido, tal vez porque el estado de las autonomías ha propiciado el
gigantesco desarrollo de una institución donde predomina el
enchufismo, la ineptitud, la dejadez y la resolución de los asuntos
atendiendo a las tres categorías que el escritor ampurdanés Josep
Pla estableciera: a) asuntos por resolver, b) asuntos que el tiempo
resolverá y c) asuntos que el tiempo ya ha resuelto.
La mayoría
de las personas que hablan de reducir las prestaciones sociales,
todos aquellos que diariamente se llenan la boca con la necesidad de
liberalizar el mercado del trabajo, de limitar las asistencias de la
sanidad pública, de restringir los derechos de los inmigrantes o de
ampliar el tiempo cotizado para percibir las pensiones, reciben un
salario por pertenecer a alguna de las numerosísimas
administraciones públicas que coexisten dentro de nuestro
insolidario estado de las autonomías: políticos, periodistas,
técnicos, sacerdotes, secretarios, subsecretarios, todos,
absolutamente todos tienen una opinión de cómo se debe organizar el
Estado, aunque, curiosamente, todos viven a cuenta del Estado. España
ha sido siempre así. O sea un disparate. O lo que es lo mismo un Estado
descomunalmente burocrático donde la mayoría de los hombres y las
mujeres han aspirado, siempre, a vivir de la riqueza nacional que el
Estado distribuye entre los burócratas tras recaudar los tributos de
los agricultores, los albañiles, los profesionales, las costureras,
los empresarios o los pobres periodistas independientes que, sin
tener demasiado conocimiento de nada ni de nadie, dedicamos la mayor
parte de nuestro tiempo a relatar obviedades como esta.
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