martes, 14 de mayo de 2013

Burócratas


La gente que en España quiere liquidar el Estado del bienestar vive a cuenta del Estado, tal vez porque España es un país de individualistas retribuidos por el Estado. Este es el carácter nacional. Lo mismo da que residas en la cuenca baja del Segura, en las tierras cántabras, en las laderas del sistema penibético o en las islas adyacentes porque lo que realmente define el carácter de un español es su capacidad para vivir a cuenta del Estado. Cierto que también tenemos otras características que nos distinguen del resto de los habitantes de este planeta – la manía de hablar a gritos, por ejemplo, - pero honradamente creo que aquello que mejor nos define es esta legendaria y sempiterna aspiración nacional por lograr que alguien de la familia se haga un hueco, como sea, dentro de la administración pública. Todo lo demás siempre nos ha parecido que son chorradas, o lo que es lo mismo intentos vanos de procurarse una vida, porque solo dentro de la red administrativa del Estado se garantiza la supervivencia de los individuos – o sea, de los funcionarios - mediante los sueldos, las dietas, los extras, las subvenciones, las gratificaciones, las bonificaciones, las pensiones, los retiros, las excedencias, los gastos de representación, etcétera, etcétera...

La burocracia en España ha aumentado considerablemente durante las últimas décadas, pero no se puede decir que haya mejorado en ningún sentido, tal vez porque el estado de las autonomías ha propiciado el gigantesco desarrollo de una institución donde predomina el enchufismo, la ineptitud, la dejadez y la resolución de los asuntos atendiendo a las tres categorías que el escritor ampurdanés Josep Pla estableciera: a) asuntos por resolver, b) asuntos que el tiempo resolverá y c) asuntos que el tiempo ya ha resuelto. 

La mayoría de las personas que hablan de reducir las prestaciones sociales, todos aquellos que diariamente se llenan la boca con la necesidad de liberalizar el mercado del trabajo, de limitar las asistencias de la sanidad pública, de restringir los derechos de los inmigrantes o de ampliar el tiempo cotizado para percibir las pensiones, reciben un salario por pertenecer a alguna de las numerosísimas administraciones públicas que coexisten dentro de nuestro insolidario estado de las autonomías: políticos, periodistas, técnicos, sacerdotes, secretarios, subsecretarios, todos, absolutamente todos tienen una opinión de cómo se debe organizar el Estado, aunque, curiosamente, todos viven a cuenta del Estado. España ha sido siempre así. O sea un disparate. O lo que es lo mismo un Estado descomunalmente burocrático donde la mayoría de los hombres y las mujeres han aspirado, siempre, a vivir de la riqueza nacional que el Estado distribuye entre los burócratas tras recaudar los tributos de los agricultores, los albañiles, los profesionales, las costureras, los empresarios o los pobres periodistas independientes que, sin tener demasiado conocimiento de nada ni de nadie, dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a relatar obviedades como esta.

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